Cuatro siglos de Historia: La Universidad en Yucatán

Joaquín de Arrigunaga Peón.

Todo lo que se relaciona con nuestro máximo centro de instrucción superior en esta ciudad de Mérida de los Montejo, la Universidad de Yucatán, es del mayor interés para quienes se sienten ligados con Yucatán, estiman su pasado cultural y propenden por su acrecentamiento. En lo consideración a lo anterior, creemos oportuno hacer algunas reminiscencias. En el correr de las centurias, nuestra Universidad ha sufrido las vicisitudes de nuestra agitada, inestable y turbulenta vida política y por ello su nombre, sistema educativo e ideología, ha tenido grandes cambios, pues en los primeros 100 años sus programas educativos eran preponderantemente religiosos y monárquicos, después católicos republicanos, para, posteriormente, retornar a los principios monárquicos y finalmente al liberalismo laico.

La educación universitaria en la Península principió cuando los reverendos Padres de la Compañía de Jesús comúnmente denominados –jesuitas- elevaron a Universidad, en 1624, el Colegio de San Francisco Javier que ellos habían fundado en 1618. En 1711, los jesuitas ampliaron sus instalaciones docentes y construyeron, calle de por medio de su Universidad de San Francisco Javier, ubicada en los terrenos que hoy ocupan el teatro Peón Contreras y el Callejón del Congreso, un sólido y amplio edificio para albergue de un anexo al que le pusieron por nombre Colegio de San Pedro, el que, en el correr de los siglos se transformaría en la hoy Universidad de Yucatán (actual Universidad Autónoma de Yucatán). Esta transformación fue gradual, como veremos a continuación.

El Rey de España Carlos III, en 1767, expulso a los jesuitas de sus extensos dominios, inclusive de sus colonias en América. Esta medida ordenaba la confiscación de los bienes de los jesuitas, consistentes, mayormente, en colegios y universidades, pues ellos tienen que acreditarse el incremento de la alta instrucción en la Nueva España, hoy República Mexicana. No es del caso analizar las razones en que Carlos III fundó tan drástica medida, pero ello constituyo un golpe demoledor para la educación superior en América Hispana.

Al quedar clausuradas la Universidad de San Francisco Javier y su apéndice, el Colegio de San Pedro, la enseñanza superior en la península quedó circunscrita al Seminario Conciliar de San Ildefonso, fundado el 22 de abril de 1751, por el Excelentísimo Sr. Obispo de Yucatán Dr. Fr. Francisco de San Buenaventura Martínez de Tejada Diez de Velazco, para que en él, preferentemente, se estudiara la carrera del sacerdocio aunque también se admitían estudiantes particulares, (laicos). Para el ingreso al Seminario, según consta en amplia documentación que hemos tenido a la vista y estudiado con algún detenimiento, se requería que el alumno presentara información documentada que acreditara: buena conducta personal, cristiandad y su ascendencia paterna y materna, mas no era impedimento el ser hijo natural, ni aun ser hijo expósito, esto es, que se ignorara quien fue el padre y quien la madre. El pertenecer a la raza indígena o ser mestizo, tampoco era un obstáculo, ya que la Iglesia Católica y las leyes promulgadas por los monarcas españoles no los discriminaban, sino que por lo contrario, los protegían. Ahora bien, los estudiantes que provenían de familias con origen legítimo y español lo hacían constar y, si eran de nombre origen, lo enfatizaban.

El anteriormente citado Colegio de San Pedro sufrió, ya lo hemos dicho, el rudo golpe que le propinó el Rey Carlos III al expulsar a los jesuitas, pero resurgió, años después, del Seminario Conciliar de San Ildefonso como Universidad Literaria de Segunda y Tercera Enseñanza, pues al sobrevenir nuestra separación de España, el Augusto Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Yucatán así como lo dispuso, por Decreto de 1824.

Con el anterior nombre se le designo hasta 1862, año en que se le sustituyo y principio a designársele Colegio Civil Universitario. Este tercer nombre tuvo corta duración pues en 1864, recién proclamado el Segundo Imperio Mexicano (Maximiliano) se le impuso el cuarto nombre, Real Universidad Literaria de Mérida de Yucatán.

En 1867, después de ser derrocado el Imperio y fusilado Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, el gobierno liberal republicano, encabezado por el Gral. Manuel Cepeda Peraza, decretó su quinto nombre Instituto Literario de Yucatán, y se implantó la educación laica. En 1922, a iniciativa del Lic. José Vasconcelos, Ministro de Educación en el gobierno del Gral. Obregón, se reorganizó el antiguo Colegio de San Pedro, fundado por los jesuitas tres siglos antes y ello dio lugar a que se le impusiera un nuevo nombre Universidad del Sureste (25 de febrero de 1922), más este sexto nombre no perduró pues unos años después, en 1938, se le principió a denominar Universidad de Yucatán. El cambio de nombres continuó, pues en 1951 se le designó, Universidad Nacional del Sureste. El noveno cambio tuvo lugar en 1958, ya que se le principió a llamar con el que se le había impuesto en 1938, Universidad de Yucatán, nombre con el cual se le designa hasta hoy.

Nota del transcriptor: En el año en el que Don Joaquín de Arrigunaga escribió este artículo, la Universidad aún no alcanzaba su autonomía; la cual se consiguió en 1984 durante el gobierno interino de Victor Cervera Pacheco al  promulgar este la ley orgánica que convertía a la institución en la Universidad Autónoma de Yucatán. Ejercía como rector el Ing. Alvaro J. Mimenza Cuevas.

Tenemos la creencia de que conocer las evoluciones políticas e ideológicas que, de un modo u otro afectaron a la educación universitaria en Yucatán, es de interés, ya sea que provinieran de gobiernos republicanos, monárquicos o dictatoriales, puesto que lo esencial es el conocimiento documental de toda la trayectoria, y por ello haremos algunas reminiscencias del periodo en que Yucatán estuvo regido por el gobierno imperial de Maximiliano.

Funcionarios durante el Segundo Imperio.

Líneas adelante dijimos que, al constituirse Yucatán en el gobierno Imperial, este cambió el nombre de la Universidad, que venía denominándose “Colegio Civil Universitario” desde 1862 y que se le impuso el de “Real Universidad Literaria de Mérida de Yucatán”. El gobierno monárquico estableció un nuevo Consejo Universitario y cuerpo de catedráticos, pues el profesorado tenía que colaborar con la monarquía ponderando las ventajas de este sistema sobre el republicano, que desde hacía 43 años gobernaba a la Nación. Por esta razón el Segundo Imperio puso interés especial en inculcar a la juventud universitaria los principios monárquicos y por ello, al ocupar una provincia, organizaba la educación de acuerdo con su ideología y nombraba al profesorado que le ayudase. Esto último hace de interés conocer quiénes fueron los profesionales que colaboraron con Maximiliano.

Principiamos citando a aquellos Catedráticos que después de finiquitado el Imperio ocuparon puestos relevantes dentro del partido liberal y después enumeraremos los que a poca injerencia tuvieron en la política de dicho partido.

  • Lic. Eligio Ancona, Catedrático de Filosofía
  • Lic. Yanuario Manzanilla, Catedrático suplente en Jurisprudencia.
  • Bachiller D. Olegario Molina Solís, Catedrático suplente en Filosofía y Catedrático en el Seminario Conciliar de San Ildefonso. El Sr. Molina, posteriormente obtuvo el título de licenciado en jurisprudencia y topógrafo.
  • Dr. D. Agustín O’Horán, Catedrático suplente en Medicina.
  • Lic. D Carlos Peón Machado, Catedrático propietario en Matemáticas.
  • Lic. D. Rodulfo Cantón, Catedrático suplente en Jurisprudencia.
  • Lic. D. Leandro León Ayala, Catedrático suplente en Matemáticas. El Sr. Ayala, posteriormente obtuvo el título de doctor.
  • Lic. D. José A. Cisneros, Catedrático propietario en Jurisprudencia.
  • Lic. D. Ramón Aldana, Catedrático propietario en Jurisprudencia.
  • Lic. D. Manuel Arias, Catedrático propietario en Medicina
  • Lic. D. José Dolores Patrón, Catedrático propietario en Medicina.
  • El Doctor D. Mariano Brito, el Lic. D. Carlos Mañe, el Lic. D. Juan A. Esquivel y el Lic. José D.  Rivero Figueroa, fueron Catedráticos propietarios en Jurisprudencia.
  • El Dr. D. Sebastián Rubio y el Lic. D. Felipe Rendón fueron catedráticos suplentes en Jurisprudencia.
  • Los Drs. D. José M. Tappan, D. José Domínguez de Lara y D. Manuel Dondé Preciat, fueron Catedráticos propietarios en Medicina.
  • El Dr. D. Pastor Solís y los Lic. D. Joaquín Rendón, D. Juan Pío Aguilar y D. Francisco Valencia, fueron Catedráticos suplentes en Medicina.
  • En la junta facultativa de Farmacia fueron Catedráticos propietarios el Dr. José Font y los licenciados D. Joaquín Dondé, D. Pablo Negrón. D. Genaro Torre y D. José Calero.
  • En dicha Junta de Farmacia fueron Catedráticos suplentes los licenciados D. Francisco Negrón, D. Manuel Marrufo, D. Eustaquio Rivero y D. Luis Castro.
  • En matemáticas fueron catedráticos propietarios el Dr. D. Pastor Solís, y los licenciados D. Norberto Domínguez, Pbro., D. Felipe Rendón, D. Antonio Espinosa. Catedráticos suplentes los licenciados D. Fernando Casares. D. Francisco Zavala D. José D. Espinosa y D. Benito Gómez.
  • En la junta facultativa de filosofía fueron catedráticos propietarios Dr. Gerónimo Castillo, los licenciados D. Ignacio Peón y Peón y D. Norberto Domínguez, así como el Br. D. Diego Peniche. Los catedráticos suplentes fueron el Lic. D. Gabriel Aznar y los bachilleres D. Juan A. Pérez Gálvez, D. Juan Rodríguez y D. Carmelo Llaven.
  • La rectoría estuvo a cargo del Dr. D. José García Morales y la Vice rectoría la desempeño el Dr. D José Domínguez de Lara.
  • La junta directiva se compuso de los doctores D. Fabián Carrillo, D. José M. Rivero Solís, D. Pedro M. Guerra y D. Miguel Carvajal. Secretario Lic. Ricardo Río.

Es el caso hacer notar que a todos estos colaboradores del Segundo Imperio Mexicano, así como a la gran mayoría de los simpatizantes de Maximiliano, no les fue aplicada la ley promulgada por el Presidente de la República Lic. Benito Juárez y que dice.

Artículo 1°. Serán considerados como reos de traición y sufrirán la confiscación  de sus bienes, a más de las otras penas que las leyes fijan a este delito:

  1. Los empleados públicos de la intervención, con sueldo o sin él.
  2. Los empleados de la misma en el orden civil, municipal o militar, y los agentes comisionados en cualquiera de esas ramas.
  3. Los funcionarios del orden constitucional, por el simple hecho de permanecer, sin permiso del supremo poder correspondiente, en lugares sometidos a la intervención, a menos que justificaren, dentro del plazo que se les fije, su imposibilidad para cambiar de residencia.
  4. En general, todos los que sirvan o auxilien, directamente, a la causa de intervención.

La ley arriba citada no fue dable aplicarla debido a la imposibilidad material de imponerla a los millones de mexicanos que sirvieron o no fueron simpatizantes de Maximiliano. La causa fue, según declaración de don Ezequiel Montes, Diputado, destacado liberal y prominente colaborador del Lic. Benito Juárez, la abrumadora mayoría de mexicanos que sirvieron o simpatizó con el Imperio. La declaración de don Ezequiel Montes, tuvo lugar al discutirse en la Cámara de Diputados, si se debía o no conceptuar traidores a los colaboradores de Maximiliano y aplicar la ley promulgada por el Lic. Benito Juárez. Don Ezequiel Montes dijo: “Señores diputados ¿Dónde están las cárceles, pregunto, para encerrar a siete millones novecientos mil criminales de ocho millones de habitantes que tiene nuestra población? ¿Dónde los jueces que los han de juzgar? ¿Dónde los verdugos que los ejecuten?”

Joaquín de Arrigunaga Peón.
Fundador de la Academia Yucateca de Historia y Genealogía “Francisco de Montejo”.

Enero, 1969.

La Universidad en Yucatán

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